El pasado 14 de diciembre íbamos camino de la sede del Ministerio de Hacienda y Función Pública para presentar en el 3º COMITÉ DE EVALUACIÓN FEDER 2014-2020, el trabajo realizado de Evaluación Ex Post de las Inversiones en Infraestructuras de Transporte por Carretera y Ferrocarril apoyadas por el FEDER y Fondo de Cohesión.
Este trabajo, que se nos adjudicó en concurso público en verano de 2016, responde al interés y necesidad de la S.G. Programación y Evaluación de Programas Comunitarios, de la D.G. de Fondos Comunitarios, de contar con instrumentos analíticos y objetivos para valorar los efectos que las políticas de cohesión en el ámbito de las infraestructuras de transportes por carreteras y ferrocarril, sustentadas en el Fondo de Cohesión y FEDER, han tenido en el territorio y la economía española.
Los resultados de la evaluación en el periodo 1993-2015 han permitido corroborar que el fuerte volumen de inversión pública en el sistema de transporte ha seguido una línea estratégica congruente que ha posibilitado la convergencia en términos de dotación de stock y calidad de las infraestructuras de transporte por carretera y ferrocarril en España, y en comparación con el resto de Europa.
En este proceso, los Fondos Europeos han tenido un papel destacado en el desarrollo del sistema de transporte, contribuyendo a la articulación y cohesión territorial, en particular por la apuesta por la construcción de nuevas líneas ferroviarias de alta velocidad y carreteras de alta capacidad, como medios fundamentales de calidad y eficiencia para solventar los problemas de conexión y aislamiento.
Además, el total de inversión derivada de la ejecución de las obras de carreteras y ferrocarriles cofinanciadas por los Fondos europeos en el conjunto del periodo evaluado ha provocado un impacto positivo en la producción, casi duplicando su valor (66.757.698 miles de euros) y en el empleo (se han generado 1.005.962 empleos en el cómputo global del periodo evaluado).
La utilidad de la evaluación está en línea con las lecciones aprendidas, que deben servir para establecer los retos y prioridades de los futuros marcos de programación, una vez superados los principales estrangulamientos de dotación.
Realizar este tipo de evaluaciones contribuye al aprendizaje institucional, mejora las capacidades de planificación, ejecución y valoración de las actuaciones que se ponen en marcha y, a través de la comunicación e información a la ciudadanía legitima la intervención pública al rendir cuentas de las acciones emprendidas y reforzar el sentido de responsabilidad.
Sin embargo, unos meses antes, y pese a la contrastada importancia de evaluar las políticas públicas, se anunciaba la disolución de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL), según Real Decreto 769/2017, de 28 de julio.
Entendemos que es un retroceso en el proceso de apertura de la Administración Pública hacia los requerimientos de la sociedad, actuando bajo los principios de transparencia y flexibilidad para adaptase a las progresivas mejoras exigibles, respondiendo de los recursos que emplean y en virtud de los resultados obtenidos.
Confiamos, no obstante, que desde otras áreas de la administración se sigan impulsando iniciativas de evaluación de políticas públicas.
Desde CONSIDERA apostamos por esta línea estratégica de actuación, contando, para ello, con un equipo de personas altamente cualificadas y con una dilatada experiencia en evaluación.
