Rara vez han conocido el término medio los numerosos debates que siempre han generado el uso de renovables como fuente de energía. Debates que, por cierto, frecuentemente han estado marcados por las influencias de los potentes lobbies de la industria energética, de los intereses políticos (siempre ávidos por rescatar votos de cualquier rincón) y por unos consumidores muchas veces solo interesados en el corto plazo.
Por ello, de un lado, algunos tienen una visión sobre las energías renovables en la que las sitúan como la panacea de todos nuestros males: una fuente de energía limpia, que acabará con todos los daños que los seres humanos causamos a nuestro planeta, que nos permitirá reducir nuestra dependencia energética de terceros y permitirá que alcancemos un cierto grado de autoabastecimiento. Por otro lado, están los que creen que las renovables, más que fuente de energía, lo son de problemas: son extremadamente costosas, su uso subiría tremendamente el recibo de la luz, las fuentes de energía “tradicionales” son mucho más eficientes, si primamos las renovables frente a otras fuentes de energía el crecimiento económico y el bienestar de la población se verán seriamente comprometidos.
En este sentido, conviene centrar un poco el debate. Es evidente que a las energías renovables les queda aún un largo camino por recorrer para ser tan eficientes y rentables como son otras fuentes de energía. Pero no es menos cierto que el crecimiento económico no lo justifica todo: éste ha de ser sostenible, permitir que en el largo plazo se pueda combinar riqueza con bienestar. De nada servirá que crezcamos a niveles muy significativos si esto se hace a costa de destruir la casa de todos: el planeta tierra. Además, no hay que olvidar que muchas de las fuentes de energía “tradicionales” son finitas, llegará un momento en el que se agotarán y debemos tener alternativas lo suficientemente desarrolladas para cubrir el vacío que éstas dejen.
Por ello, las energías renovables deben ser parte de la solución del problema. Es fundamental que sean un elemento importante del modelo que nos ayude a consolidar el crecimiento económico. Para ello, la innovación y el desarrollo deben ser una constante, sólo a través de esta fórmula, las renovables podrán ser generadas a un coste que resulte interesante para el mercado. Sin embargo, todo proceso tecnológico requiere un periodo de maduración. En el caso de las renovables, por lo antes expuesto, es especialmente importante que las empresas, apoyadas por los poderes públicos, apuesten por una estrategia a largo plazo.
Los poderes públicos juegan un papel fundamental, en primer lugar, establecen las “reglas del juego”, el marco legislativo donde se deberán “mover” todos los actores implicados en el sector de las energías renovables. Es evidente que una legislación, estable, previsible y que fomente y apueste por su uso y desarrollo, las favorecerá tremendamente. En segundo lugar, los poderes públicos son los encargados de “guiar a la economía”, ante el “laissez faire”, fórmula que, a mi juicio, es tremendamente valiosa pero no suficiente, las instituciones públicas han de desempeñar un papel corrector de los errores (numerosos) que el libre mercado puede ocasionar y han de guiar el destino de nuestras economías, equilibrando los intereses económicos con los sociales y medioambientales, los “cortoplacistas” con el largo plazo y la creación de riqueza con la sostenibilidad.
Los últimos años han estado marcados por una crisis de múltiples caras que ha motivado que los esfuerzos públicos se hayan centrado en tratar de recuperar, en el corto plazo, el crecimiento económico y el empleo. Ello ha perjudicado al sector de las renovables, un sector cuyo impacto se produce en el largo plazo. Por ello, en este periodo de crisis económica, el fomento de las renovables ha pasado a un segundo (o tercer) plano.
Sin embargo, en los últimos meses, se han producido una serie de determinaciones por parte de las distintas administraciones públicas que permiten afrontar el futuro de manera algo más esperanzadora
A nivel global, en diciembre de 2015 se celebró en París la XXI Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 21). 195 países, incluido China y Estados Unidos, llegaron a una serie de compromisos, con el fin de reducir las emisiones a nivel global y desarrollar una serie de medidas para que, a finales de siglo, la temperatura media del planeta no aumente por encima de los 2º C. Además, se acordó dotar, a partir de 2020, de un fondo de 100.000 millones de dólares para ayudar a los países pobres a luchar contra el Cambio Climático.
A nivel europeo, el pasado 30 de noviembre de 2016, la Comisión Europea presentó su propuesta legislativa, conocida como “paquete de invierno” para alcanzar los objetivos planteados en la COP 21. Bajo el título ”Clean Energy for All Europeans”, se define la hoja de ruta para la política energética europea en el horizonte de 2030. Entre los principales objetivos, cabe destacar que, para ese año, el 27% de la energía consumida en la UE ha de provenir de fuentes renovables y reducir, en ese horizonte, el 40% de las emisiones contaminantes en relación a 1990.
A nivel nacional, el Gobierno levantó en 2016 la moratoria a las tecnologías ‘verdes’ primadas, vigente desde enero de 2012. En este sentido, en 2016 se licitaron 700MW de potencia renovable. Asimismo, el pasado 29 de diciembre, desde el Ministerio de Energía, Industria y Agenda Digital se anunció que el Gobierno celebrará la próxima subasta de renovables en el primer trimestre de 2017 y en ella licitará incentivos para una potencia de hasta 3.000 MW.
A nivel regional, en octubre de 2015, la Junta de Andalucía aprobó la Estrategia Energética de Andalucía, documento estratégico que recoge las líneas principales de la política energética de la región en el horizonte 2020. En ella se recogen cinco objetivos para dicho año: reducir un 25% el consumo tendencial de energía primaria, aportar con energías renovables el 25% del consumo final bruto de energía, descarbonizar en un 30% el consumo de energía respecto al valor de 2007, autoconsumir el 5% de la energía eléctrica generada con fuentes renovables y mejorar un 15% la calidad del suministro energético.
Para seguir avanzando, estas iniciativas deben traducirse en acciones concretas y tangibles, se debe pasar de las “buenas intenciones” a la “acción”, de las palabras a los hechos. No obstante, no podemos pretender que toda la responsabilidad de relanzamiento del sector de las renovables recaiga en las administraciones pública, ni mucho menos. Las empresas, invirtiendo en I+D, apostando por el largo plazo y no por los réditos del corto plazo, e incluso renunciando a una parte de beneficios, deben ser impulsoras de un sector, el de las renovables, que nos guste o no, forma parte del presente y del futuro. Y por último los consumidores, que deben adquirir consciencia de la importancia de apoyar entre todos la supervivencia del planeta y un crecimiento sostenible. Para ello, han de realizar un consumo de energía responsable y respetuoso con el medioambiente, aunque, en algunos casos, suponga pagar un precio mayor.
La responsabilidad de preservar este planeta en perfectas condiciones para las generaciones futuras es, en mayor o menor medida, de todos. Las energías renovables son una de nuestras bazas más poderosas para paralizar y revertir el proceso de deterioro del planeta que ha tenido lugar en las últimas décadas. Hagamos de la necesidad virtud relanzando y desarrollando su uso.
By Isaías Rodríguez
